La Fiscalía malagueña ha solicitado nueve años de prisión y quince de inhabilitación para el alcalde de Pujerra, Francisco Macías (PSOE), por presuntas adjudicaciones irregulares por un asunto vinculado al equipamiento de una nave para la elaboración de la castaña.
El fiscal considera en su escrito acusatorio provisional, que el regidor presuntamente pudo haber cometido un delito de prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental.
En este procedimiento, además del alcalde, también están acusados el que fuera secretario del ayuntamiento (al que se le acusa de los mismos delitos que al regidor, ambos como coautores) y dos empresarios (como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y coautores de fraude en contratación, falsedad documental y estafa).
Los hechos, según el fiscal, se remontan a 2013 cuando el Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento de adjudicación de contrato de obras consistentes en «Dotación de infraestructuras y equipamiento de una nave municipal para la elaboración de Castañas», procedimiento negociado sin publicidad y financiado al 100% por la Diputación Provincial de Málaga con un importe de 194.381 euros.
Pujerra es un pequeño municipio, con unos trescientos habitantes, está situado en el Alto Genal, al sureste de la comarca de la provincia y la castaña es la base de la economía de esta localidad de la comarca de la Serranía de Ronda.
El ministerio público considera que el proceso administrativo para la adjudicación de obras presuntamente se hizo de forma irregular y que dichas irregularidades supuestamente fueron conocidas y toleradas por los acusados.
Después de ese primer contrato y justificado en la necesidad de contratar el suministro de maquinaria para el envasado de la castaña se hizo uno nuevo, que según el fiscal también se hizo como el anterior.
Los acusados simularon un expediente administrativo
«Burlando las disposiciones administrativas en cuanto a contratación pública y con clara infracción de los principios de publicidad y concurrencia», presuntamente los acusados simularon un expediente administrativo en el que daban apariencia de haber efectuado solicitud de oferta a otras empresas, se indica en el escrito acusatorio.
El fiscal señala que se desconoce quiénes fueron los beneficiarios finales y el dinero público que se pagó, «pero de cualquier forma el concierto de los acusados a los referidos fines implicaba un perjuicio a los intereses económicos del Ayuntamiento, en beneficio propio o de terceros».
