Debe quedar claro que, por los sentimientos y el dolor acumulado, solamente las Asociaciones de Memoria Histórica de Familiares son las que pueden y deben controlar el proceso de exhumaciones. Por lo que hay que promover el asociacionismo de familiares en este sentido. Evitando que individuos, entidades o empresas movidas solamente por el afán de lucro puedan hacer de la recuperación de nuestra memoria antifascista un negocio.
Se considera que el texto de la ley, incluido el preámbulo, es demasiado largo, tiene demasiados artículos, muchos conceptos son repetidos y algunas palabras son empleadas exhaustivamente hasta hacerlas cansinas y con una retórica farragosa. Cuando en la presentación se dice que se trata de una ley transversal no se entiende tal concepto aplicado a una ley. Parece un concepto trasladado de la docencia, donde puede haber temas transversales, pero que en una ley se comprende mal. Así cuando se habla de la necesidad de actuación de otras consejerías o administraciones para el buen fin de alguna acción se habla en imperativo. Lo cual equivale a que la ley de memoria histórica o democrática se convierta en una ley de superior rango. Lo que como mínimo conduce a la inoperatividad o enfrentamiento. En la exposición de motivos no se ve una clara referencia al movimiento memorialista ni en ningún momento se hace referencia al papel jugado por los familiares y asociaciones memorialistas.
Algunos de los artículos y redacciones que más nos llaman la atención y preocupan: — Artículo 4. Creemos que se debe cambiar el concepto “víctimas de la represión” por el de “víctimas de la agresión fascista”, ya que solamente puede reprimir, bien o mal, quien tiene derecho a hacerlo. — Artículo 5. Falta nombrar los testimonios orales, escritos o por cualquier otro. — Artículo 6. Es incomprensible lo de “ponderar existencia de oposición” de familiares a la inclusión de una persona en el censo de víctimas. — Artículo 7. Arroga a la Consejería todas las actuaciones de recuperación e identificación de asesinados por el fascismo, pero sin control alguno de familiares o sus asociaciones. No es aceptable esta redacción. — Artículo 9. Se vuelve a ignorar a familiares o asociaciones salvo para avisar o correr con el primer riesgo de encontrar los restos de asesinados. Tal ha sido el caso de Ronda, que todo fue bien hasta que el trabajo de testimonios, documentación y prospección dio como resultado la comprobación de la existencia de fosas repletas de asesinados. Era el trabajo de resultado incierto. Si no encontrábamos los restos de nuestros familiares el fracaso era para nosotros y nuestra asociación. Bien porque estuviésemos equivados o bien porque se los hubieran llevado al valle de los caídos.Hubiésemos quedado muy mal. Pero como el resultado ha sido positivo, cuando pedimos nueva subvención para continuar con nuestra tarea de exhumaciones, nos lo niegan para quedarse, quien sea, con el “merito” de hacer la exhumación de una importante fosa de mártires del franquismo. ¿Para qué? ¿Réditos políticos para recabar votos en las elecciones? Creemos y estamos seguros que lo que tenemos que hacer no es eso. Nuestros familiares y mártires republicanos de Ronda asesinados por Franco no pertenecen a ninguna formación política. Son héroes del pueblo. Eran republicanos socialistas, anarquistas, comunistas, masones, librepensadores, gente de bien sin afiliación, que murieron por la libertad, la igualdad y la fraternidad republicanas. No pertenecen a ningún partido actual.
Artículos en general: Sobre localización, exhumación e identificación de asesinados por el golpe militar. Esto es el origen del movimiento memorialista y la asignatura pendiente del estado democrático. En primer lugar respecto a una de las demandas históricas del movimiento memorialista: que el Estado se haga cargo de las exhumaciones, que esta tarea no podía recaer en las familias ni en las asociaciones. Pero no se puede aceptar el principio general de la exclusividad de la Administración. Significa la total marginación de quienes hasta ahora han impulsado las exhumaciones. Además habría que preguntarse si la Junta (Estado) tiene la capacidad suficiente para exhumar todas las fosas…
(Por suerte y por el cambio de los tiempos ahora tenemos la ONU de parte de los pueblos de España y el plazo de un año dado al gobierno para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo ya empezó el día 15 del pasado mes de Noviembre. Hoy quedan 189 días).
