Piden cinco años de prisión para el alcalde de Cortes de la Frontera por presunta prevaricación y malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cortes de la Frontera (Málaga), José Damian García, por un supuesto delito de prevaricación continuada relacionado con contrataciones sin procesos selectivos.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio fiscal solicita una pena de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de José Damián García, quien gobierna esta localidad de unos 3.000 habitantes desde 2015 a través del partido independiente Vecinos. Además la acusación particular pide 5 años de prisión.

En 2019, el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) presentó una querella en el decanato de Ronda por la supuesta contratación de familiares directos sin la realización de procesos selectivos contra el alcalde, al igual que su antecesor, investigado en un procedimiento anterior.

Una vez finalizada la instrucción, el Juzgado número 1 de Ronda remite la causa a la Audiencia Provincial de Málaga para la correspondiente apertura de juicio oral.

El fiscal considera a José Damián García autor de un delito continuado de prevaricación y pide que se le imponga una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por 15 años.

Por su parte, la acusación particular imputa al investigado sendos delitos continuados de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos, por los que solicita penas de 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por el primero, y de 5 años de prisión y 12 meses de multa a razón de 30 euros diarios (unos 10.800 euros), por el segundo.

El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga ha destacado en un comunicado que la administración pública está «al servicio de toda la ciudadanía», por lo que ha avisado de que no permitirá «que la utilicen como un cortijo».

Asimismo, ha deseado a la ciudadanía de Cortes de la Frontera «la designación de gestores públicos que no realicen este tipo de prácticas que, en algún caso, y en etapa no muy lejana, llevaron al municipio a la ruina sin apenas poder prestar los servicios mínimos obligatorios».