El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda ha tomado la decisión de archivar las diligencias previas 988/2012 abiertas tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) por la autorización de la construcción de una edificación en la zona de la Parchite, un paraje rural próximo a la localidad de Arriate pero perteneciente al término municipal de la ciudad del Tajo.
Por ese asunto, conocido como Operación Trufa, habían sido denunciados por la Fiscalía el exalcalde rondeño Antonio Marín Lara y los 12 ediles que aprobaron el proyecto en Pleno, por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. En este sentido, el juzgado había solicitado los nombres de los concejales que aprobaron dicho proyecto vinculado a una explotación ganadera en un pleno de febrero de 2008, aunque no habían sido requeridos todavía para prestar declaración. Entre ellos se encontraban algunos ediles que todavía están en el gobierno, como la alcaldesa actual de la ciudad, María Paz Fernández, la delegada municipal de Obras, Isabel Barriga, o el concejal de Mercados, Jesús Vázquez, todos ellos como parte del gobierno de coalición que entonces formaban PA y PP. A ellos habría que unir los otros 8 concejales andalucistas que ya no son parte de la Corporación municipal.
En cuanto a la denuncia realizada, según explicó el propio Marín Lara, el Ayuntamiento en su momento aprobó la construcción de una nave anexa a una explotación agrícola con el visto bueno de los técnicos municipales, mientras desde el Seprona se rechazó dicha autorización al considerar que se trataba de una zona de dehesa forestal en la que no se permitiría este tipo de edificación.
Además, por parte de los servicios jurídicos municipales también se defendió la correcta actuación por parte de los responsables municipales, que no habían concedido la licencia de primera ocupación a la edificación al haberse detectado que se había excedido en la construcción autorizada.
Marín Lara mostró su “satisfacción” por el sobreseimiento de esta causa, al tiempo que volvía a resaltar lo que considera una nueva victoria judicial. El exregidor sigue teniendo pendiente la investigación derivada del llamado caso Acinipo por presunta corrupción urbanística en el Consistorio rondeño durante la pasada legislatura, en la que gobernó junto al PSOE y luego integrado en sus filas, aunque también mostró en distintas ocasiones su esperanza de salir airoso de este espinoso asunto.
