El 71% de los alcaldes de la comarca perderán su sueldo

Son tiempos difíciles para dedicarse a la política, pero aún más en el caso de los concejales y alcaldes de los pequeños municipios. Al menos, será así si prospera la propuesta del Gobierno central del Partido Popular para reformar las administraciones locales, un paquete de medidas con el que se pretende ahorrar unos 7.129 millones de euros en el periodo entre 2013 y 2015, y que entre otras disposiciones prevé que ningún cargo electo de los municipios de menos de 1.000 habitantes cobre sueldo alguno por su labor.

En la comarca de Ronda, esta medida cobra especial relevancia, ya que la mayor parte las poblaciones no supera este umbral de población. Concretamente, de los 21 municipios que componen la comarca administrativa de Ronda, solo los alcaldes y concejales de la propia ciudad de Ronda, Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera, Gaucín y Montejaque podrán seguir cobrando si finalmente se aprueba esta ley, cuyo anteproyecto ya recibió la luz verde del Consejo de Ministros el pasado viernes 15 de febrero.

Además, la reforma también contempla una disminución de los servicios que pueden ofrecer estos municipios, pasando algunos de ellos a ser competencia de otras administraciones, especialmente la Diputación Provincial.

Entre los propios afectados, los ediles más indignados son los que gobiernan bajo las siglas del PSOE. Es el caso del alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, uno de los que más combativos se han mostrado tras conocerse la intención del Gobierno de Rajoy. “Si eso es hacer política, yo me avergüenzo de ser un político”, afirmó a este periódico. En su caso, recibe un sueldo de 1.300 euros, aunque asegura que el hecho de dejar de cobrar esta cantidad no es lo que más le preocupa. “Yo tengo suerte porque antes de ser alcalde ya tenía algunos negocios y puedo vivir de ellos, pero otros muchos alcaldes no pueden decir lo mismo”, asegura.

Sin embargo, dijo no comprender esta decisión, ya que los regidores de los pequeños pueblos “trabajan durante las 24 horas, porque los vecinos van a buscarte a tu casa para contarte sus problemas”. En cuanto a los concejales, en esta población del Valle del Genal sólo uno cobra una gratificación por su trabajo, en este caso de 500 euros mensuales. “Eso es lo que se gastan algunos en una noche de hotel”, criticó.

Por otro lado, está convencido de que la eliminación de servicios municipales tiene por objetivo “acabar con los pequeños municipios”, pese a que precisamente estas entidades son “las más eficientes”. En este sentido, sostiene que la prestación de un servicio por parte de Diputación o de una empresa privada “seguro que sale más caro” que si es ofrecido por un Ayuntamiento.

Por todo ello, Herrera declaró que el Gobierno “le ha dado un palo a un avispero” y que “si quieren guerra la van a tener”, aludiendo al descontento generalizado que existe entre los ediles de la comarca y a las posibles movilizaciones que podrían llevarse a cabo en contra de la reforma. “El tiempo que me quede como alcalde voy a hacer todo lo posible porque Rajoy y los suyos se vayan”, añadió.

En un sentido muy similar se pronunció el alcalde de Júzcar, David Fernández, quien afirma que el ahorro tiene que venir “desde arriba”, y que el Gobierno “no debería atacar siempre a los más débiles”. “Nosotros no tenemos chóferes ni coche oficial, como los del Gobierno central”, agregó.

En cuanto a la eliminación de competencias, asegura que con esta ley “se destruyen las señas de identidad de los pueblos”, ya que el sentido de los consistorios es precisamente ofrecer los servicios a los ciudadanos de una forma “más cercana”.

Mientras tanto, en el municipio de Benalauría, donde gobierna un partido independiente, su alcalde, Eugenio Márquez, va más allá y asegura que de salir la ley adelante no dudará en abandonar su cargo para trabajar. “No soy ninguna ONG, así que entregaré las llaves del Ayuntamiento a la Diputación y me iré”, asegura. Y todo ello pese a que se muestra de acuerdo con la “filosofía de ahorro” de la reforma, aunque considera que el Gobierno “se ha pasado de rosca”. Y es que piensa que se podría haber planteado una rebaja de los sueldos y no su completa eliminación. Además, cree que “solo los jubilados o los ricos” podrían dedicarse a la política en los pequeños pueblos.

Los que no han querido pronunciarse de momento son los ediles del Partido Popular, algunos de los cuales, tras ser contactados por este periódico, se remitieron a una reunión comarcal para tratar las medidas.

Ronda
Por su parte, en Ronda, los principales cambios serían los que hacen referencia a las empresas públicas. Turismo, la Oficina de Congresos, Soliarsa y Somucsa se verían abocadas a ser privatizadas o a desaparecer en caso de ser deficitarias, algo que se cumpliría en todos los casos a falta de conocer si la aportación del Ayuntamiento se consideraría deuda o no. En caso de disolverse estas empresas, está recogido que el personal pase a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento, salvo en el caso de Somucsa.

En cuanto a las dedicaciones exclusivas y cargos de confianza, debido al número de habitantes se marca un tope de once y siete respectivamente, un número por encima de los que existen ahora.