El Gobierno autonómico lleva tres meses sin pagar y ya adeuda 600.000 euros.
Los impagos de la Junta de Andalucía a las asociaciones de discapacitados tocan de lleno a la rondeña Asprodisis. En concreto, el gobierno autonómico acumula una deuda de 600.000 euros, que en su gran mayoría se ha generado durante los meses de abril, mayo y junio. Además, también se incluyen cantidades pendientes del programa de Interés General y Social y del convenio de atención temprana, que están pendientes desde el pasado año. No obstante, la mayor parte del dinero pendiente de abonar corresponde a las plazas de residencia que tiene concertadas esta asociación con la Junta de Andalucía, mediante las que se atiende a personas discapacitadas de diferentes grados, entre ellos los muy gravemente afectados. Los usuarios atendidos en estas instalaciones no tienen límites de edad, yendo desde los cero años hasta su fallecimiento.
La situación de la economía de Asprodisis comienza a ser crítica, y sus responsables temen que tengan que iniciar el cierre de servicios si se mantiene la falta de pagos por parte del Gobierno andaluz. Precisamente, hoy llegará a sus instalaciones la representación de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (Amappace) que está realizando una ruta hasta Sevilla para protestar contra los recortes de la Junta de Andalucía. Será una de las etapas más duras de su recorrido, al tener que cubrir la serpenteante subida que separa San Pedro de Alcántara de Ronda.
Mientras tanto, entre los responsables de Asprodisis crece la preocupación por el futuro de su asociación tras cuarenta años de funcionamiento y el incierto futuro que se presentaría a los muchos usuarios que tendrían que dejar de atender si el problema no se soluciona. En la actualidad son 240 personas las que se benefician de los programas de Asprodisis, que en muchos casos son la única solución para sus familias, que se ven imposibilitadas para atender a sus familiares durante la jornada de trabajo o por la edad avanzada de sus progenitores en otros casos.
Además, también está en el aire la situación de los aproximadamente 80 empleados que tiene la asociación para poder prestar la atención necesaria a sus usuarios, y a los que sería muy complicado pagar sus nóminas si continúan los impagos.
