El Ayuntamiento de Ronda ha constituido una comisión para abordar el conflicto generado por la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para unificar en un mismo Partido Judicial Ronda, Antequera y Archidona. Una propuesta que ha encontrado el rechazo frontal de los partidos políticos rondeños y de las asociaciones profesionales del sector.
La primera de las reuniones se produjo al amparo de la Junta Local de Seguridad, que cuenta con representación de los diferentes cuerpos de seguridad y que está presidida por la alcaldesa de la ciudad, Mari Paz Fernández. Además, también es miembro el delegado municipal de Seguridad, Fernando Corrales, y fueron invitados a participar en la misma, dada la importancia del asunto, la primera teniente de alcalde, Isabel Barriga, y los representantes de los colegios de Procuradores y Abogados en Ronda, Antonio Herrera y Luis Candela, respectivamente. También anunció la primera edil que se ha acordado el invitar a todos los alcaldes de la comarca a formar parte de dicha comisión, a los que se podrían unir otros de municipios de la provincia de Cádiz como Setenil y Alcalá del Valle.
En este encuentro se acordó elaborar un informe técnico sobre los argumentos existentes para mantener la independencia de la sede judicial rondeña. Entre ellos se esgrimirá la imposibilidad de ofrecer un servicio judicial próximo si se produjese una reagrupación en Antequera, como parece haberse planteado, ya que algunos municipios de la comarca de Ronda, como Cortes de la Frontera, Gaucín, Genalguacil o Jubrique, quedarían distanciados de su cabecera judicial por más de 100 kilómetros. En algunos casos el tiempo de viaje se aproximaría a las tres horas para realizar cualquier tipo de gestión necesaria o comparecencia. Por el contrario, si se realizase dicha agrupación y la sede elegida fuese Ronda, los municipios de la comarca de Antequera más perjudicados, en ninguno de los casos, pasarían de los 100 kilómetros de distancia, empleando una hora y media en el peor de los casos para desplazarse hasta la ciudad. Además, se añade la dificultad de no contar con un transporte público que una la mayoría de los municipios que integran estas comarcas.
El primero de los escritos enviados desde el Ayuntamiento de Ronda también tumba los argumentos de ahorro que dice perseguir la propuesta realizada. Algo que argumenta por el contrario en el incremento de costes que supondrán las indemnizaciones a abogados de oficio, peritos, testigos y agentes de Policía por su asistencia a juicios fuera de la localidad. Además, conllevaría el trasladar otros gastos a otras administraciones autonómicas y locales por el traslado diario de detenidos para su puesta a disposición judicial. De igual modo, se ha recordado la reciente construcción del Palacio de Justicia de Ronda, que se encuentra entre lo más modernos de la provincia de Málaga y con dependencias previstas para una posible ampliación de sus competencias.
Como conclusión se afirma que “existen circunstancias excepcionales que aconsejan mantener la circunscripción territorial” para la comarca de Ronda.
La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, se mostró convencida de que esta propuesta no se llevará a efecto, mientras señalaba que se trata de un proceso de reforma de la Justicia que llevará “mucho tiempo”.
La regidora rondeña lamentó la actitud tomada por los ediles del PSOE rondeño, que anunciaron la creación de una plataforma ciudadana para oponerse a dicha propuesta, al considerar que ese no es el modo de tratar este asunto, que calificó como “muy serio”, para añadir seguidamente que “los intereses de Ronda está por encima de los intereses políticos”. Además, apostilló sus palabras señalando que “no han estado a la altura de las circunstancias”.
La regidora lamentó la posición que ha tomado el Partido Socialista esta semana, tras haber apoyado en el Pleno la moción conjunta que se propuso por el equipo de gobierno. “En aquel momento no sabían ni de qué se trataba, porque no se habían enterado”, afirmó la alcaldesa, que se comprometió a mantener informado a los ediles socialistas sobre la acción de la Comisión creada. Al mismo tiempo, expresó su confianza sobre una posible rectificación de la actitud del Partido Socialista rondeño sobre este asunto.
También se sumó a las críticas el portavoz andalucista y secretario general del PA de Ronda, Daniel Harillo, afirmando que “tenemos que estar unidos para no perder los juzgados”, al tiempo que añadía que “hay momentos en los hay que dejar el protagonismo y luchas todos por Ronda”.
Harillo, fue más lejos y calificó como “pantomima” la propuesta del PSOE de crear una plataforma ciudadana para mostrar el rechazo a la posibible unificación.
La postura del PSOE
Las críticas desde el Gobierno municipal llegaron tras las declaraciones de la portavoz socialista rondeña, Teresa Valdenebro, sobre este asunto, señalando que “esta medida es una más de los recortes del gobierno de Rajoy, con la que los socialistas estamos en total desacuerdo y para ello estamos estableciendo contactos con los distintos estamentos implicados, trabajadores de los juzgados, sindicatos o partidos políticos para intentar llegar a un acuerdo que eviten un gran perjuicio para los rondeños y todos los ciudadanos de nuestra comarca”.
Para la portavoz socialista, “en caso de adoptarse de manera definitiva esa resolución, sería un daño de difícil reparación para todos los ciudadanos de la comarca, que tendrían un gasto de desplazamiento desmesurado y una pérdida de derechos para ellos, ya que muchos despachos de abogados se podrían plantear la posibilidad de dejar de ejercer como tales en Ronda para trasladarse a las localidades que mantuvieran juzgados, ya sea Antequera o Marbella y por tanto los habitantes de la comarca serían los grandes perjudicados al tener que efectuar todavía un desplazamiento mayor para poder ejercer su derecho de defensa.
Valdenebro recalcó “que nuestra propuesta no esta en contra del acuerdo adoptado por todos los grupos del Ayuntamiento en contra de esta medida, sino que pretende sumar a un mayor número de colectivos a la protesta y que en ninguno de los casos Ronda y su comarca se puedan ver perjudicados por la pérdida de un servicio esencial como es el de la administración de justicia”.
Una petición del PSOE
Por su parte, el concejal de seguridad ciudadana del Ayuntamiento rondeño, Fernando Corrales, aclaró que “en principio la propuesta del CGPJ parte de una iniciativa de Margarita Robles, la que fuera secretaria de estado de Justicia en el gobierno de Zapatero, y que desde el Ayuntamiento, con el consenso de todos los grupos políticos, estamos intentando evitar una injusticia como la que significaría que los ciudadanos de Ronda y la Serranía tuvieran que realizar desplazamientos de más de 2 horas en algunos casos para poder realizar el trámite judicial que se le requiera”.
Corrales indicó que “ha sido a iniciativa de la Alcaldía cuando se ha buscado un acuerdo entre todos los partidos políticos para evitar esta pérdida de uno los servicios más imprescindibles para los ciudadanos como es el de la Justicia cercana, acuerdo que ha sido impulsado por todos los grupos políticos de manera unánime y que no creo que nadie deba romper ahora por intereses partidistas”.
Fernando Corrales anunció que desde el Ayuntamiento “se están buscando soluciones a una determinación que no es definitiva, en todo caso será el Ministerio de Justicia el que tendrá la última palabra y desde el equipo de gobierno hemos solicitado ya una reunión con el subdelegado del gobierno en la provincia, Jorge Hernández Mollar, que nos recibirá este viernes y al que trasladaremos el acuerdo de toda la Corporación y la preocupación por los daños que una decisión como esa supondría para toda la Serranía”.
victor
La verdad es que no hay derecho, que se lleven loz juzgados de Ronda y al mismo tiempo nos dejen a los delincuentes, el mundo al reves.