Ante un grupo de unas 40 personas y diversos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas del Juzgado de la ciudad del Tajo han comenzado a llegar los arrestados. En un principio han llegado dos coches con dos de los detenidos. En concreto, se trata de la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara. Uno de ellos llevaba la cara tapada con una sábana blanca.
Siete detenidos y abundante documentación intervenida tras más de nueve horas de registro del Ayuntamiento y la Delegación de Urbanismo de Ronda fue el resultado de la operación Acinipo que ayer la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción llevaron a cabo bajo la dirección del juzgado de instrucción número dos del municipio malagueño que investiga desde hace más de un año un caso de presunta corrupción urbanística cometido supuestamente por la anterior corporación municipal. El ex alcalde y actual concejal socialista Antonio María Marín Lara y otros tres concejales del PSOE son algunos de los implicados en esta trama, y a los que se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Además del ex regidor de Ronda, que fue arrestado en su domicilio a primera hora de la mañana, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional también detuvieron al secretario general del PSOE en Ronda, diputado provincial y ex primer teniente de alcalde durante el anterior mandato, Francisco Cañestro; a María José Martín de Haro, que fue delegada de Obras y Urbanismo, y a Rafael Lara, que se encargó del área de Contratación y Seguridad Ciudadana hasta mayo de este año.
Los otros detenidos en el marco de esta operación contra la corrupción urbanística son el abogado de una empresa promotora y constructora del municipio, mientras que los otros dos arrestos se produjeron en Madrid y el País Vasco, respectivamente, y de ellos todavía no ha trascendido la identidad.
Todo comenzó poco antes de las 9:00 de la mañana de ayer cuando los agentes de la unidad especializada de la Policía Nacional comenzaron el registro de las dependencias municipales en busca de la documentación requerida por el juzgado que instruye el caso. En el auto, se daba orden de registrar las áreas de Alcaldía, Secretaría, Intervención, Contratación, Economía y Hacienda, y Urbanismo cuya sede se ubica en un edificio aledaño al Ayuntamiento.
Desde esa hora el Consistorio se convirtió en un búnker del que sólo entraban y salían los agentes encargados de la investigación y que llegaron provistos de numerosas cajas de cartón para la intervención de diversos expedientes y ordenadores durante el registro, en el que también estuvieron presentes el fiscal Anticorrupción, Valentín Bueno, y el secretario del juzgado de instrucción número dos.
Durante más de nueve horas, los agentes requirieron a algunos funcionarios del Consistorio rondeño todo tipo de documentación municipal aunque, al parecer, se interesaron especialmente por expedientes pertenecientes a las áreas de Contratación y Economía y Hacienda.
Pero el centro de todas las miradas parece que fue el expediente urbanístico, y posible germen de la operación Acinipo desarrollada ayer en el municipio del Tajo, relativo al centro comercial que el grupo Eroski pretendía construir en unos terrenos en los que se ubica el campo de fútbol municipal y que fueron vendidos el 13 de febrero de 2009 por la anterior corporación que dirigía Marín Lara a la promotora Ruiz Jurado con sede en Ronda.
Según pudo saber este periódico, la Udyco intervino el expediente completo de esta controvertida operación urbanística que hace sólo unas semanas recibía el último visto bueno por parte de la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas, y que estaba previsto llevar al pleno del próximo jueves, ahora aplazado, para aprobar y unificar las diferentes modificaciones que se habían realizado y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Este proyecto ahora podría quedar paralizado pendiente de esta investigación.
También se llevaron parte del expediente urbanístico de Los Merinos y del que el ex alcalde de Ronda siempre se ha mostrado a favor de llevar a cabo este macroproyecto que preveía la construcción de unas 800 viviendas y dos campos de golf en el municipio pese a la oposición frontal que ha mantenido la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.
Sobre las 18:00 de la tarde, los agentes salían del Consistorio rondeño con una decena de cajas repletas de documentación y que fueron introducidas en cuatro vehículos de la Policía Nacional.Mientras, los registros se sucedieron en los domicilios de los detenidos donde los agentes pudieron recopilar más documentación. En el caso del ex alcalde y concejal socialista, la Udyco estuvo durante buena parte de la mañana en su vivienda situada en pleno centro histórico de Ronda. Pasadas las 13:00 de la tarde, Marín Lara salió de su casa sin esposar y fue escoltado rápidamente por los agentes hasta el interior de un vehículo que lo esperaba en la misma puerta. Una gran caja de cartón y un maletín negro fue el resultado de este registro domiciliario, en el que estuvo presente en todo momento la mujer del detenido y que casualmente también fue concejal en el Ayuntamiento de Ronda durante el mandato anterior.
El ex regidor rondeño fue trasladado inmediatamente después hasta el despacho de abogados que regenta en la ciudad. Allí, permaneció en compañía de los agentes durante casi siete horas hasta que poco antes de las 20:00 de la tarde terminó el registro que se saldó con otras tantas cajas requisadas con abundante documentación.
Marín Lara y el resto de los detenidos fueron trasladados ayer a los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga, donde estaba previsto que pasaran la noche. Lo que no pudo confirmar este periódico es cuándo pasarán a disposición judicial todos ellos, aunque al menos uno de los detenidos podría hacerlo a primera hora de la mañana.
La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa y los agentes policiales de la Udyco, llevan al menos un año investigando determinadas operaciones urbanísticas realizadas en el municipio y la presunta comisión de diversos delitos durante el mandato anterior, en el que fue alcalde Marín Lara y tres concejales de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ronda.
