La Fiscalía de Málaga ha archivado la denuncia presentada por Izquierda Unida contra el alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la demolición del viejo campo de fútbol. En los terrenos se proyecta la construcción de un gran centro comercial de la firma Eroski.
En este sentido, desde la Fiscalía se apunta a que tras la practica de las diligencias que se han considerado oportunas en este asunto, “no ha podido determinarse la existencia de ningún hecho delictivo”. Aunque se reconoce que se procedió a la concesión de una licencia de obras sin el informe técnico favorable, se da crédito a la posición defendida por el Ayuntamiento que hacía referencia a “motivos de seguridad” para realizar esta actuación. Además, también se resalta que el Pleno del Ayuntamiento de Ronda es conocedor del proyecto que se pretende realizar tras la demolición de las instalaciones. Además, se considera que con la demolición no se ha producido una alteración del uso del suelo “como se exige para los delitos contra la ordenación del territorio”.
Por otra parte, en la resolución de archivo la Fiscalía considera que “es preciso algo más que la simple sospecha de irregularidad” para proceder a abrir una investigación penal. De igual modo, considera que se pretende someter a la orbita del derecho penal toda actuación, “sin más motivo que la simple discrepancia con lo realizado por cualquier responsable político”, relata el escrito de archivo.
Finalmente, asegura que “el Ministerio Fiscal no puede convertirse en una instancia de supervisión de actuaciones de otras administraciones”, al considerar que su intervención debe limitarse a aquellos supuestos de “existencia de indicios racionales de criminalidad”.
Tras conocer la resolución, el primer edil rondeño ha anunciado que demandará al portavoz de IU en Ronda, Rafael Ruiz, y al coordinador provincial de esta formación, José Antonio Castro. Reclamará a ambos 300.000 euros en concepto de daños morales y políticos. Además, señaló que “esta denuncia hoy archivada y la presentada por el tema Merinos responde a una acción predeterminada y aún intento de desgaste político”.
De igual modo, Marín Lara también afirmó que “el calvario les toca ahora a ellos”, al tiempo que señaló que “no voy a permitir que se juegue con mi honorabilidad y se juegue con ella en los juzgados”.
Finalmente, lamentó que se ha procedido a la “judicialización” de la vida política en la ciudad con continuos recursos y denuncias ante la Fiscalía., algo que achacó a la “falta de ideas políticas” y al “temor” de carecer de candidatos con la solvencia necesaria como para ganarles en las urnas.
Por su parte, Ruiz, tras conocer la resolución señaló en declaraciones a Europa Press que “no compartimos la decisión de Fiscalía pero la acatamos”, al tiempo que anunciaba que van a solicitar al Ayuntamiento de Ronda que les remita la documentación enviada a la Fiscalía para analizarla “detalladamente”.
En cuanto a la demanda anunciada por el primer edil contra su persona y su formación política, se limitó a decir que “el alcalde que haga lo que tenga que hacer”.
